Damnificados de la corrupción


22/09/2017 02:08

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Raúl Rodríguez Cortés




Muchos no debieron morir. Los edificios caídos el martes por el terremoto estaban mal construidos o resentidos por otros sismos. Los que siguen en pie, lo están bien. Las modestas casas de adobe de las dañadas comunidades de Morelos y Puebla no aguantaron, por supuesto, una sacudida tan violenta, atípica e inesperada. Los rascacielos de la Ciudad de México, correctamente diseñados, con buenas cimentaciones y cargas estructurales equilibradas, aguantan eso y más. Ahí están de pie la Torre Latinoamericana, Palacio de Minería o Torre Mayor, sólo por citar algunos emblemáticos del paso del tiempo.

Se llega a esta conclusión después de una larga conversación con un ingeniero de primera, Gonzalo Guerrero Zepeda, ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Muchas evidencias vistas en estos aciagos días parecen darle la razón.

¿Aprendimos o no la lección de los terremotos de 1985? Decíamos que sí en la entrega pasada. Pero el aserto obliga a matizar. Aprendimos la importancia de la protección civil y nos obligamos, además, a endurecer las reglamentaciones para la construcción en la capital. Pero éstas ¿se respetan y/o se hacen respetar? Es obvio que no. La corrupción las burla.

Tan solo un ejemplo: en la colonia Portales vimos que, de cinco condominios horizontales nuevos, todavía en preventa, se cayeron tres. En medio de ellos quedó en pie uno, construido hace quince años. Eso sólo lo explica la corrupción: el constructor que se ahorró una lana en materiales de mala calidad y pagó una mordida para librarse de costosas exigencias de construcción. Junto con ellos, la autoridad delegacional corrupta que aceptó el cochupo para ser omisa.

Portales es una colonia de la delegación Benito Juárez, en la que las dos autoridades panistas anteriores, sobre todo durante la del hoy diputado local Jorge Romero Herrera, propiciaron un boom de construcciones de condominios horizontales en los terrenos donde estaban viejas casonas de la demarcación. Acaso eso explique la destrucción provocada por el terremoto en colonias como la del Valle.

Por ley, el reglamento de construcción de la Ciudad de México debe revisarse cada año. En la última revisión del 17 de junio de 2016, especialistas muy calificados establecieron un transitorio que instruía al gobierno de la Ciudad de México a pronunciarse sobre sus contenidos (sobre todo en temas como riesgos sísmicos) en un plazo no mayor de 120 días hábiles para entrar en vigor. El plazo se cumplió sin que se haya pronunciado.


Muy probablemente al amparo de omisiones como esas, debió haberse realizado la ampliación del Colegio Rébsamen (convertido en estos días en epicentro de la tragedia y la controversia), cuyas irregularidades se empiezan a conocer. La escuela fue creciendo en matrícula y en espacio. Se le añadieron estructuras y aulas. Uno de los rescatistas me dijo que encontraron columnas huecas. Y otro que la dueña y un pariente construyeron arriba de los edificios escolares los departamentos donde vivían, lo que está estrictamente prohibido por el reglamento.

Todo esto, por ocurrir en la capital del país, es más o menos visible. ¿Se imagina lo que ocurre en otras comunidades afectadas como las de Puebla y Morelos donde la ayuda ni siquiera ha llegado? Su gente construye con los materiales que puede adquirir y paga para librarse de los inspectores municipales. El resultado: casas endebles y con los mínimos de resistencia. Eso y la cercanía al epicentro del sismo, explica la devastación en Atzala, Axochiapan y Jojutla, los más cercanos al epicentro del sismo.

Tal descomposición es como una onda expansiva. Indignados habitantes de Cuernavaca, muy dañada también por el terremoto, han publicado en redes sociales evidencia videográfica de cómo camiones con ayuda para pobladores del norte del estado son retenidos por la policía en la bajada de Chapultepec y Plan de Ayala, colonia Chapultepec, para que descarguen en el DIF estatal. Aseguran que la orden proviene de Elena Cepeda de León, esposa del gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Y acusan que la intención es usarla en su momento, en apoyo a las aspiraciones políticas de su hijo, Rodrigo Gayosso Cepeda, líder local del PRD.

Y así nos enfilamos a los terrenos de la política, donde los partidos, fuertemente presionados por la sociedad civil, se han visto obligados a aceptar que se haga lo legalmente necesario para que sus multimillonarias prerrogativas se utilicen en la reconstrucción.


Pero más allá de esa aparente generosidad, pues al final del día son recursos que salen de los impuestos que pagamos, indigna que recursos públicos ordeñados por sinvergüenzas convictos como los ex gobernadores de Veracruz, César Duarte y Quintana Roo, Roberto Borge; prófugos como el ex mandatario de Chihuahua, César Duarte; e impunes como el ex de Oaxaca, Gabino Cue y muchos más, sean desviados en beneficio personal y en detrimento del bien común.

Por eso le digo que somos damnificados de la corrupción.




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